Cada vez son más los actores que están luchando contra las listas IPTV consideradas como 'ilegales'. Las autoridades han empezado a tomar cartas en el asunto (nunca mejor dicho) con el objetivo de proteger los derechos de autor y combatir la piratería, y la medida llevada a cabo por LaLiga es una de las más contundentes que jamás se haya conocido.
A poco que estés informado acerca de la lucha contra las IPTV, sabrás que LaLiga consiguió una autorización judicial en marzo de 2024 para obtener información personal de los clientes a través de las operadoras. El objetivo de esta acción era identificar a aquellos usuarios que desde su conexión a internet, accedían a listas IPTV para ver transmitir los partidos de LaLiga sin autorización previa. Es decir, operadoras como Telefónica, Vodafone, Orange, MásMóvil y Digi estaban obligadas a hacer entrega de todos los datos de usuario que permitieran la identificación, tales como dirección en la que está instalada la línea, datos de tráfico, dirección IP Y puertos de los servidores reportados por LaLiga.
Ahora, gracias al artículo publicado por GenBeta, conocemos cuáles han sido las primeras consecuencias de este acceso: cartas y multas de 450 euros, no solo a aquellos que transmiten la señal a través de servidores IPTV, también a usuarios receptores que únicamente ven la retransmisión (de forma ilegal, eso sí).
Este es un cambio importante en la información a la que teníamos acceso hasta la fecha. Implica que ya no son únicamente los que retransmiten aquellos que se encuentran en peligro de ser sancionados por LaLiga al haber infringido los derechos de autor. También los usuarios finales que acceden a dicho contenido de forma ilegal quienes han sido identificados gracias a los datos ofrecidos por las operadoras. Es decir, la sanción se recibe de forma independiente a si se usa la lista IPTV y la conexión para ver partidos, o para reemitir la señal.
David Maeztu, un conocido abogado, ha publicado en X lo que está pasando y qué cartas están empezando a llegar a algunas casas: "se presenta demanda de conciliación contra un usuario, al que se ha identificado por su IP porque 'se ha podido corroborar que desde su red de internet (...) se han efectuado conexiones a la plataforma pirata". Tal y cómo expone el letrado, es un usuario conectándose al servicio sin reemitir la señal.
La demanda de conciliación conlleva una multa económica de 450 euros. Una cifra quizás no muy elevada, pero que se convierte en el primer paso que se da en demandar no solo a los usuarios que reemiten la señal de LaLiga a otros usuarios de listas IPTV. Los propios consumidores, que tan solo acceden al servicio, están empezando a notar las consecuencias de utilizar servidores piratas para ver sus partidos de fútbol.
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