Imagina que estás en Caracas en 1987, entras a un centro comercial y ves una consola Nintendo en una tienda grande. La compras pensando que es original, la llevas a casa y funciona perfecto. Pero resulta que esa consola no tiene nada que ver con Nintendo of Japan. Es un clon pirata fabricado en China, ensamblado en Venezuela y vendido con el logo y nombre de Nintendo como si fuera oficial. Bienvenido al caso de Nintendo de Venezuela C.A., también conocida como Intelia Games de Venezuela, una de las historias de piratería más descaradas de la industria del videojuego que duró hasta el año 2000.
Todo empezó porque Nintendo no tenía distribuidor oficial en Venezuela y no protegió su marca a tiempo en Latinoamérica. Israel Rapaport Koffman, un empresario que ya había vendido productos de Atari (algunos también piratas), vio la oportunidad de oro. Con Venezuela en plena bonanza petrolera desde la nacionalización del petróleo en 1974, el país vivía un momento económico espectacular donde la gente tenía dinero para gastar. Sin nadie que le parara los pies, montó una operación que vendió más de un millón de unidades de consolas piratas hasta 1993, con cartuchos bootleg como Aladdin III o Mario 16, e incluso intentó registrar la marca Nintendo en 1992.
Sin representante oficial de Nintendo en el país, Rapaport y empresas como Atari Mundial C.A. y Almacén Electrónica Royal empezaron a ensamblar clones a finales de los 80. Usaban hardware chino del fabricante NTDEC, pero le ponían el logo de Nintendo entero, adaptadores de 72 a 60 pines con la inscripción "Nintendo de Venezuela", y las placas llevaban grabado "Hecho en Venezuela" con la razón social Nintendo C.A. Las cajas tenían el sello dorado de "Calidad Nintendo" y múltiples logos que decían "Garantizado por Nintendo Compañía Anónima, Caracas, Venezuela" para que todo pareciera 100% oficial.
Los cartuchos de juegos tenían cajas genéricas con etiquetas amarillas pegadas donde ponía el nombre traducido al español, logos por todas partes indicando que era para la versión asiática, y algunas tenían errores de caligrafía que delataban su origen pirata. La gente los compraba en tiendas reconocidas, centros comerciales y locales especializados sin saber que eran piratas. Incluso tenían certificados de garantía oficiales y talleres autorizados para reparaciones. Su oficina principal estaba en el edificio Romualda en Caracas, y todo funcionaba como una empresa legítima. NTDEC les suministraba componentes que luego ensamblaban localmente, y llegaron a producir 150.000 cartuchos piratas al mes.
Nintendo of America (NoA) se enteró en 1992 del intento de registrar la marca y paró el proceso. En 1995, el 27 de julio, demandaron ante el Tribunal Supremo de Justicia por infracción de derechos de autor y venta no autorizada. El juicio se eternizó hasta octubre de 2000 por problemas con los abogados defensores que no ejercieron su profesión adecuadamente. Cuando finalmente se resolvió, el tribunal falló a favor de Nintendo: multa de 4.450.894,30 bolívares (más de 4 millones), cese de operaciones y orden de destruir todo el stock pirata que quedaba.
Koffman no solo vendía productos Nintendo piratas, también tenía versiones falsas de Atari, ColecoVision, Intellivision y TurboGrafx en bajas cantidades. Después de la sentencia, Nintendo nunca estableció presencia oficial en Venezuela para evitar este tipo de situaciones otra vez. Hoy en día, las consolas Nintendo se venden a través de terceros o importadores. Mientras tanto, las Nintendo de Venezuela originales se han convertido en artículos de colección raros, vendiéndose en MercadoLibre Venezuela con sus cajas originales, certificados de garantía y todo. Algunos vendedores admiten que compraron lotes grandes en su momento y ahora los venden como piezas de museo de una época donde la piratería operaba a plena luz del día haciéndose pasar por oficial.
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