Japón investiga a la industria del anime por posibles prácticas ilegales y abusos contractuales

La industria del anime es conocida tanto por la maravillosa magia que crean sus artistas, como por las horribles condiciones laborales a las que han sido históricamente sometidos sus trabajadores. Si bien en años recientes se ha trabajado para que animadores cuenten con una mejor realidad que antaño, una nueva investigación ha encontrado indicios de prácticas muy grises en el sector.

Más de 100 empresas analizadas y casi 2.000 trabajadores implicados

La Comisión de Comercio de Japón lanzó un análisis (vía AnimeHunch) a través de cuestionarios enviados a más de 400 empresas de anime, recibiendo respuesta de 130 estudios distintos. A pesar de que proporcionalmente puede parecer un dato algo limitado, se acabó recogiendo información de casi 2.000 trabajadores autónomos del sector.

¿El resultado de todo esto? Un total de 219 informaciones que detallan posibles conductas ilegales en el mundo del anime e incluso abarcando el cine tradicional. Tal es la situación que la Comisión de Comercio cree que una intervención directa del Gobierno japonés es inevitable.

Las principales irregularidades detectadas en la industria del anime

Seguidamente os dejo una recopilación de las situaciones más peliagudas que ha encontrado la Comisión de Comercio de Japón.

Contratos emitidos a destiempo

Una de las principales situaciones laborales de preocupación es que hasta el 45.3% de los estudios de anime de Japón empezaron a trabajar en ciertos proyectos sin que todavía se hubiera recibido un contrato físico para ello. Y esto genera un obvio problema: muchos estudios acaban en una situación desfavorable en términos de negociación.

Dado que los comités de producción no envían los pertinentes contratos hasta después de que se haya completado el proyecto, muchos estudios se encuentran en la tesitura de que ante potenciales retrasos o costes de producción adicionales, no tienen la misma flexibilidad para fijar los cobros finales. Y de hecho, esto en teoría es una completa ilegalidad.

Uno de los tratados laborales de Japón especifica que las compañías DEBEN mandar contratos de forma inmediata, de lo contrario se da pie a la situación descrita por la Comisión de Comercio: un abuso de poder en el que el estudio de animación ocupa una posición subordinada para con el comité de producción.

El dominó de las pérdidas económicas

Uno de los puntos más chocantes del estudio es que más del 86% de los estudios informaron de que ahora recibían mayores presupuestos de parte de los comités de producción, y sin embargo el 60% de los estudios aseguró que depender solo de esos presupuestos suponía incurrir pérdidas constantes. ¿Cómo es eso posible?

La realidad es que por mucho que los comités de producción den ahora más dinero, los estudios gastan todavía más que antes. Proporcionalmente, la subida de los costes de producción se ha disparado mucho más de lo que han aumentado los fondos de los comités, lo que supone que en la ecuación acaba saliendo negativo.

Se citan aspectos como que ahora se busca una calidad de 'película' en las series de anime, que en ocasiones los períodos de producción se alargan y que muchos comités no ayudan a cubrir los costes adicionales que pueden surgir durante la fase de producción. Esto último en concreto está siendo investigado como una posible ilegalidad, acorde a la Comisión de Comercio.

Y el problema no termina aquí, pues si los estudios principales sufren problemas económicos, aquellos equipos a los que subcontraten para ayudar tampoco gozarán de las condiciones monetarias que deberían (de hecho, registran casos de demoras en los pagos superiores a 60 días, algo en teoría ilegal). En definitiva, pese al incremento en la demanda del anime, los estudios de animación afrontan cada vez realidades más complejas.

El problema de los derechos de autor

Una de las grandes razones por las que los estudios de anime apenas se benefician de los animes que producen, es que los derechos de autor se quedan mayormente en las compañías que forman los comités de producción. Tal es así, que la Comisión de Comercio apunta que casi el 85% de los estudios asegura tener que transferir todos los derechos a los comités al finalizar el trabajo.

El organismo de comercio señala haber encontrado irregularidades en cómo se gestionan los costes de la transferencia de derechos de IPs. La idea es que este coste se dé como un pago aparte de los propios costes de producción, pero hay instancias en las que se incluye todo en un mismo pack, lo que hace que la transferencia de derechos no se cubra económicamente como tal.

Con todo lo que se refleja en la investigación de la Comisión de Comercio, se extrae la conclusión de que tanto estudios de animación como empresas subcontratadas por estos están a la más completa merced de los Comités de Producción. Así que una vez más, cuando estés insatisfecho con un anime, piensa que la culpa rara vez se encuentra en el estudio.